Política general vs Política criminal

    Dentro de una sociedad, el Estado debe plantearse, entre todas sus responsabilidades para la sociedad, la necesidad de crear políticas públicas (o generales, como serán llamadas de ahora en adelante) para garantizar el desarrollo y adecuado funcionamiento del aparato gubernamental e institucional. Sin embargo, si se refiere a la materia en estudio, cuando se habla de políticas generales no necesariamente se está tratando un término que tenga un enfoque particular; en el presente caso, el de las necesidades relacionadas a la criminalidad dentro de un territorio.

¿A qué se refiere cuando se habla de política general?

Una política general es una acción desarrollada por el gobierno, sus personas mandatarias y sus instituciones, con el objetivo de satisfacer una necesidad que tenga la sociedad. A través de una política pública, las autoridades a cargo de la administración del Estado emplean los recursos disponibles para solucionar un problema o para responder a una demanda de la población.

En palabras más sencillas, se puede decir que la política general o políticas públicas puestas en colectivo aluden al plan de gobierno de un grupo que llega al poder. Por lo tanto, estas son pensadas, diseñadas, analizadas y puestas en práctica por los gobernantes, a partir de las necesidades y problemas a resolver dentro de una sociedad; así como la visión a corto y largo plazo de quienes ostenten el poder y las peticiones que se hagan públicas por parte de la ciudadanía.

A partir de este diagnóstico, se analiza la factibilidad de las soluciones y luego las políticas públicas se plasman en las acciones gubernamentales.

Se entiende que las políticas públicas deben beneficiar al conjunto de la comunidad y orientarse sobre todo a los sectores más vulnerables. Sin embargo, en ocasiones los gobiernos ejecutan políticas públicas acordes a sus intereses particulares o incluso para favorecer a sus amigos.

Por otro lado, como ya se ha discutido en ¿Qué es la Política Criminal?, una política criminal es el conjunto de acciones (también por parte del Estado) que se centran en estudiar y analizar a fondo el asunto de la criminalidad dentro del país y la sociedad para plantear y establecer soluciones que ataquen el problema de crimen desde diferentes puntos de vista.

Una vez establecidas las definiciones de ambos conceptos, cabe preguntarse ¿cuál es la diferencia entre una política general o pública y una política criminal?:

La diferencia entre política criminal y política general radica en el enfoque y alcance que ambas tienen. La política criminal se centra específicamente en las estrategias y acciones del gobierno para abordar el crimen, la delincuencia, la violencia y los sistemas tanto judicial como penal. Por su parte, la política general, tal como lo indica su nombre, abarca un conjunto más amplio de objetivos y acciones gubernamentales que no se limitan solo al ámbito criminal como lo es el caso de la política criminal, sino que trabaja aspectos relacionados con la economía, la educación, la salud, la vivienda, el medio ambiente, el bienestar social desde una perspectiva más amplia, entre otros aspectos.

Si bien es cierto que las políticas generales pueden tratar aspectos relacionados con la criminalidad del país, el desarrollo de una política criminal bien planteada y dirigida es de suma importancia para una sociedad, sobre todo para aquellas que se ven mayormente afectadas por la incidencia de la violencia y de la delincuencia. En primer lugar, una política criminal eficaz contribuye a la reducción de la criminalidad y de las ya mencionadas delincuencia y violencia, al mismo tiempo en que se mejoran la seguridad pública de la ciudadanía y el bienestar de la misma. 

Desde otro punto de vista, aquella política criminal que está bien diseñada buscaría garantizar una sistema integral de prevención del delito, que incluya medidas de prevención del mismo mediante programas e inversión social enfocadas hacia el desarrollo de programas de empleo, educación, salud y rehabilitación. Lo anterior dado a que los aspectos mencionados son los generadores de las causas subyacentes de la delincuencia y la criminalidad y, por lo tanto, de ser descuidados se crearía un círculo vicioso del ascenso de violencia y mitigación de la misma. Asimismo, dentro de la misma línea, la política criminal eficiente debe ser promotora de la reinserción a la sociedad de una forma productiva de aquellas personas que ya cumplieron con la pena que se le estableció al delinquir (cualquiera que esta haya sido), lo que reduciría los niveles de reincidencia delictiva

Finalmente, uno de los beneficios más destacables de una política criminal bien desarrollada gira en torno a los sistemas judicial y penal. Primeramente, estas políticas deben buscar la eficiencia de ambos sistemas mediante el uso adecuado de los recursos del Estado, por ejemplo. En segundo lugar, la garantía de un sistema de justicia que proteja los derechos tanto de las víctimas como de las personas victimarias; lo que a su vez contribuiría a que haya consenso entre el Estado y la sociedad civil, en un contexto en el que la persona ciudadana costarricense promedio asegura no confiar en la efectividad del sistema de justicia del país.

En el contexto actual de Costa Rica, en relación con los altos niveles de violencia y de criminalidad como fenómenos sociales y políticos presentes dentro de la sociedad y altamente discutidos, la política criminal destaca como lo que tal vez puede tratarse de una de las necesidades más imperantes que deben ser tratadas por parte del Estado y el debido aparato institucional.

La nota que realizó el noticiero nacional CRHoy, ‘Vamos por la misma ruta’: Expertos señalan que criminalidad no se va a detener, el día 07 de febrero del presente año, reporta que la ola de criminalidad que ya aquejaba al país durante el 2023 está más que presente durante las primeras seis semanas del 2024; pues según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en lo que va del año ya se reportan 79 homicidios dolosos en el país, siendo Costa Rica, Limón y Puntarenas las provincias más afectadas con 20, 18 y 17 casos respectivamente. 

Fuente: CRHoy

Ante este escenario, las autoridades competentes del país han resaltado una vez más la importancia que tiene el desarrollo de adecuadas políticas criminales que se adapten a la coyuntura actual de Costa Rica en relación con las tasas de criminalidad que han ido cada vez más en aumento. Una miembro de la Comisión Sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados y Abogadas, Marcela Ortíz, afirma que el papel que deben tomar las autoridades pertinentes ante este escenario es el de darle un cambio de dirección a la forma de trabajo que las instituciones han adoptado en relación a la criminalidad, es decir, su modus operandi; pues si este fuese exitoso no se verían los mismo resultados en las tasas de homicidios y de criminalidad en general año tras año.

Bibliografía:

Villegas, A. (07 de febrero de 2024). "Vamos por la misma ruta": Expertos señalan que criminalidad no se va a detener. CRHoy. “Vamos por la misma ruta”: Expertos señalan que criminalidad no se va a detener (crhoy.com)